La Autoridad de Servicios Financieros (FSA) británica podría imponer al banco de inversión estadounidense será multado con 20 millones de libras (24,3 millones de euros, 31 millones de dólares) por no cumplir con su deber de informar al regulador financiero británico sobre un caso por el que estaba siendo investigado en Estados Unidos.

El banco tampoco informó de que también estaba bajo sospecha uno de sus ejecutivos, Fabrice Tourre, artífice del polémico instrumento financiero, quien iba a trasladarse de Estados Unidos a Londres y por tanto debía recibir la aprobación de la FSA.

El regulador británico empezó a investigar a Goldman Sachs el pasado abril, poco después de que lo hiciera el regulador financiero estadounidense, la Comisión de intercambio y títulos, que acusó al banco de engañar a los inversores en la venta de esos complejos títulos.

El pasado julio, Goldman Sachs zanjó su contencioso con el regulador financiero estadounidense con el pago de 550 millones de dólares, sin admitir ni negar las acusaciones de fraude en el caso conocido como Abacus.

La mayor multa jamás impuesta por la FSA en el Reino Unido fue la que recibió el también estadounidense JP Morgan hace tres meses, por no mantener una cuenta separada para el dinero de sus clientes, de 33,3 millones de libras.

El Juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid estimó íntegramente la demanda de Ausbanc, y condenó a varios bancos y entidades de crédito a la devolución de las cantidades abonadas tras el cierre de la academia de inglés. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid confirma esta decisión.

La Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado en su integridad la sentencia dictada el 29 de diciembre de 2006 por el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid, en la que se reconocía el perjuicio causado a los alumnos por el cierre de las academias de inglés Opening English School. Ante esta resolución, los alumnos de Opening pueden recibir en breve las cantidades abonadas a partir del 1 de agosto de 2002, fecha del cierre de la academia.   

Aunque los alumnos asociados a Ausbanc ya cobraron en el año 2008, al solicitar esta Asociación la ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid, todavía son miles los estudiantes que aún tienen pendiente de devolución las cantidades abonadas tras el cierre de Opening.

Más de 8 años de espera

El inicio del periplo judicial se remonta al 9 de octubre de 2002, fecha en la que la Ausbanc Consumo presentó una demanda colectiva de juicio ordinario contra Opening English School, y contra diversos bancos y entidades de crédito, en ejercicio de acción en defensa de los derechos e intereses de los consumidores al amparo del artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Esta demanda, ya considerada como histórica, fue la primera acción colectiva presentada de acuerdo con el Art. 11.2 de la LEC (entró en vigor en enero del 2001) que se admitió a trámite, y a la que se sumaron posteriormente otras asociaciones como OCU y Adicae.

Tras conocer la suspensión de la enseñanza, Ausbanc recomendó desde el primer momento a los afectados no pagar las mensualidades bajo el amparo legal de la Ley de Créditos al Consumo. Además, demostró la vinculación de los préstamos, a pesar que las entidades argumentaban que no existía un pacto de exclusividad ni un acuerdo previo entre la empresa de enseñanza y lo bancos. Sin embargo, ambos contratos estaban vinculados y la ineficacia de uno (la suspensión de las clases de inglés) determinaba automáticamente la ineficacia del otro.

A continuación se reproducen los párrafos más destacados de la la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid:

“...la extensión de efectos se produce tanto respecto del lado activo (perjudicados) como del pasivo (academias y entidades financieras de crédito, bancos y cajas de ahorro) en los términos que posibilite el art. 519 LEC , acreditando que concurren los requisitos que se señalan y siempre que no hayan ejercitado los perjudicados acción individual independiente que haya sido resuelta por sentencia que se pronuncie sobre su pretensión”. Pág. 93.

“La circunstancia de que en algunos casos las cuotas no sean abonadas a las entidades   financieras por los propios alumnos, sino por familiares suyos o empresas para las que trabajan, no determina que no sea aplicable la LEY DE Créditos al Consumo, porque los contratos de financiación son celebrados por consumidores, tal como exige esta Ley. En definitiva, el hecho de que el pago de las cuotas se realice por persona distinta del usuario del servicio de enseñanza no desvirtúa la condición de consumidores del prestatario que ha celebrado el contrato de financiación...” Pág. 96

“Las entidades financieras apelantes defienden en su recurso la gratuidad de los contratos de concesión del crédito por lo que no sería aplicable la LCC . Consta probado que para la entidad financiera el crédito concedido era retribuido, puesto que así se deduce de los Acuerdos Marco aportados a los autos”.  “Pero es que además, analizando los contratos de matrícula, los de financiación y los Acuerdos Marco, la Juzgadora llega acertadamente a la conclusión de que era el consumidor el que abonaba esta retribución,...”. Pag. 99

“Cuando es en el propio establecimiento de enseñanza donde se suscribe el contrato para adquirir el servicio, ofreciéndose una determinada forma de financiación así como la realización de todos los trámites necesarios, desde facilitar el impreso de solicitud hasta el correspondiente contrato de préstamo, teniendo lugar la aceptación en el acto e ingresándose por la entidad financiera el importe del curso directamente al centro de enseñanza y no al cliente, no puede negarse que se está condicionando la libre decisión del consumidor...” . “Negar la existencia de vinculación por el mero hecho de que cuando existen muchos clientes o por otras circunstancias, se conciertan acuerdos con varias entidades , pretendiendo desvirtuar de esta manera la existencia de exclusividad, implica una conducta que va en contra del espíritu y finalidad de la LCC”. Pág. 105

“Habiéndose estimado en el presente procedimiento que existió una situación de incumplimiento contractual y al estar vinculados los contratos de enseñanza y financiación, lo cierto es que la entidad financiera nunca debió incluir a los perjudicados en un archivo de morosos”. Pag. 113.

España destinaría los ingresos de la tasa a los bancos a financiar los presupuestos y no a constituir un fondo de resolución para liquidar a las entidades con problemas, como ha propuesto la Comisión Europea, según dijo ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda. Elena Salgado rechazó, no obstante, crear un impuesto sobre las transacciones financieras (Tasa Tobin) por considerar que fomentaría las deslocalizaciones y se repercutiría en los clientes.

Los responsables europeos trabajan con cuatro posibles conceptos sobre los que aplicar el impuesto: los activos, los pasivos, los beneficios o los bonos de sus ejecutivos. Utilizar los dos últimos tienen el problema de la una doble imposición, ya que los beneficios están gravados por el Impuesto de Sociedades y los bonos por el IRPF.

Estados Unidos y Reino Unido han diseñado este como un pequeño porcentaje sobre los pasivos bancarios, excluyendo los depósitos que ya están cubiertos por los fondos de garantía de depósitos de cada país. En el caso norteamericano, el tipo aplicado será de un 0,15% de estos pasivos y en el británico del 0,04% el primer año y el 0,07% el segundo.

Tampoco está claro todavía el destino. Alemania tiene previsto constituir un fondo de resolución, mientras que Francia y Reino Unido la dedicarán a los presupuestos nacionales, la misma opción por la que se inclina España. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha anunciado que si la UE aprueba la creación de esta tasa, sus ingresos se destinarán a financiar los presupuestos y no a constituir un fondo de resolución para liquidar a las entidades con problemas, como ha propuesto la Comisión. En todo caso, Salgado cree que en la UE no se decidirá sobre todo sino que "va a dejarse una cierta flexibilidad a los países" para que decidan sobre la tasa bancaria.

La diferencia de modelos preocupa al comisario responsable de Servicios Financieros, Michel Barnier, por considerar que existe el riesgo de una "fragmentación reglamentaria" y de "distorsiones" de competencia. Barnier ha defendido que existan reglas comunes en la UE sobre la base imponible, la obligación de dedicar los recursos a fondos de resolución nacionales y el nivel y la entrada en vigor del impuesto para no penalizar al sistema financiero.

En cualquier caso, el debate de ayer puso de manifiesto el compromiso en hacia una nueva fiscalidad del sistema financiero. Los ministros volverán a analizar el impuesto durante una reunión informal a finales de este mes y se presentará en octubre una comunicación con las grandes líneas de la nueva figura impositiva.

Apuesta por los pasivos

Salgado ha defendido que la tasa debe gravar los pasivos, exceptuando el capital y los depósitos.  En cuanto al uso de los ingresos, la vicepresidenta económica ha recordado que en el caso español ya existe el Fondo de Garantía de Depósitos, que "sólo se puede utilizar para esa garantía de los depósitos".

España se situará en la "banda baja" de la Unión Europea en cuanto a recaudación por la tasa bancaria porque habrá que descontar lo que las entidades aportan ya al Fondo de Garantía de Depósitos y porque los bancos españoles no son los que más utilizan otro tipo de pasivos distintos de los depósitos.

Según los cálculos de Bruselas, España podría recaudar entre 490 y 1.905 millones de euros al año con el nuevo impuesto a los bancos. Los ingresos generados por la nueva tasa bancaria en toda la UE oscilarían entre 26.200 y 4.900 millones de euros al año, dependiendo del método que se elija. Los países que más recaudarían son aquellos con mayor actividad financiera: Reino Unido (hasta 5.537 millones), Alemania (4.492 millones) y Francia (3.215 millones).

Tasa Tobin

El Ecofin debatió también la creación de una tasa sobre las transacciones financieras a imitación de la tasa Tobin, pero en este caso las opiniones de los ministros fueron "más divergentes", según Salgado. España se encuentra entre los países más reticentes a esta iniciativa por considerar que puede provocar deslocalizaciones y acabar repercutiéndose en los clientes.

"Tenemos sucesivos ejemplos de que la imposición de una medida parecida a esta en ámbitos locales o en ámbitos geográficos reducidos lo que ha motivado es, primero, una deslocalización, y en muchos casos también una traslación del importe de este impuesto hacia el consumidor final y por lo tanto un encarecimiento de los servicios financieros que podría en este momento dañar el crecimiento", según la vicepresidenta.

La creación de dicho suplemento por parte del equipo de MD USA, no responde a un mero capricho ni es consecuencia de la casualidad o de intereses comerciales. Nuestra posición como asociación de consumidores con vocación internacional ha sido claramente la de apoyar aquellos países y colectivos que lo han necesitado en un momento determinado, especialmente aquellos con los que existe una estrecha relación y lazos históricos, como es el caso de Chile.

Si bien, hoy por hoy no contamos con asociados chilenos en nuestra red internacional, no es menos cierto que desde hace años mantenemos estrechas relaciones e intercambio de información relativa al consumo con asociaciones como CONADECUS y ODECU, y que también mantenemos contacto con el organismo de defensa del consumidor chileno: el Servicio Nacional del Consumidor – SERNAC.

Este año 2010 no ha sido especialmente fácil para el país andino: el fuerte terremoto (maremoto) con epicentro en el mar frente a las costas de Valparaíso ocurrido el pasado 27 de febrero, con más de quinientos fallecidos contabilizados, y la trágica situación de los 33 mineros atrapados en la mina de San José, localizados con vida el pasado 23 de agosto, en un refugio a más de 700 metros de profundidad, ponen a prueba la fortaleza y resistencia de un pueblo que está demostrando al resto del mundo que es capaz de salir adelante incluso en las circunstancias más adversas, y cuya valentía y arrojo ya nadie se atreve a poner en duda.

Hechos como éstos, y la ya consolidada trayectoria de este país como una economía próspera, saneada y segura, que tiene sus bases en un pueblo trabajador y responsable, y en una seriedad absoluta a la hora de cumplir con sus compromisos financieros internacionales, han convertido a Chile en destino seguro de la inversión extranjera y en un foco de desarrollo de vital importancia en el Cono Sur.

Es por ello que una organización como Ausbanc, a través de Mercado de Dinero USA, y un país como los Estados Unidos de Norteamérica, se han convertido sin duda alguna en los anfitriones de un evento que tendrá como protagonista al país chileno y como invitados a todos aquellos que deseen estar presentes previa la inscripción en las coordenadas del boletín que se adjunta.

Estamos seguros de que el suplemento especial sobre el bicentenario de la independencia de Chile en el número de septiembre de MD USA estará a la altura de ese gran país y de lo que viene demostrando al mundo. Brindamos por ello y os invitamos a todos a estar presentes en el evento y a leer el suplemento especial.

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) han dado luz verde al nuevo sistema de supervisión financiera común, con el que se pretende evitar prácticas abusivas que puedan llevar a una nueva crisis. Se crean tres autoridades de vigilancia y una junta europea para la prevención de los grandes riesgos sistémicos.

Según lo acordado, la supervisión individual continuará siendo una competencia nacional, de modo que las cuatro nuevas autoridades europeas, que estarán en funcionamiento a principios de 2011, trabajarán conjuntamente con cada país para "salvaguardar la solidez financiera" a través de la vigilancia de las compañías financieras que tengan una dimensión trasnacional.

Los gobiernos tendrán la última palabra si llega el caso de que tengan que emplear fondos públicos para salvar bancos de la quiebra, pero las autoridades europeas podrán dirimir disputas entre los supervisores nacionales, prohibir actividades arriesgadas y tomar decisiones directas sobre los actores en casos de emergencia.

La aprobación del nuevo marco de supervisión financiera ha sido posible después de que la presidencia de turno belga y representantes del Parlamento Europeo (PE) llegaran a un acuerdo sobre esta cuestión la semana pasada, tras salvar los últimos escollos.

El Instituto Municipal de Protección del Consumidor (IMPC) del Ayuntamiento de Palma de Mallorca se ha convertido en la primera administración municipal en interponer una demanda contra diversas compañías de telefonía móvil por incluir cláusulas abusivas en los contratos.

A pesar de que los derechos de los consumidores ya están ampliamente regulados, se ven vulnerados sistemáticamente en los contratos de adhesión. La abogada Isabel Martorell, una de los abogados encargados de presentar la demanda, señala que los incumplimientos de la legalidad más frecuentes son la limitación al derecho de desistimiento; cláusulas de limitación de responsabilidad por daños y perjuicios generados por las operadoras; incumplimiento de la normativa de protección de datos; falta de información sobre los precios, haciendo referencia a la publicación de tarifas; falta de reciprocidad; y uso de términos ambiguos.

Antes de interponer la demanda el instituto mallorquín se puso en contacto con las ocho compañías afectadas, ya que su intención “ha sido en todo momento abrir el diálogo con las compañías, con el fin de garantizar que los contratos se hacen de acuerdo a la legalidad vigente”. Algunas de las compañías respondieron adaptando parcialmente determinados puntos, lo que el IMPC considera un “avance”.

La interposición de estas demandas encaja, según el Ayuntamiento de Palma, con “una nueva manera de proteger los derechos de los consumidores, ofreciendo protección integral a la ciudadanía”. Varias asociaciones de consumidores de las islas han manifestado ya su intención de adherirse a esta demanda, entre ellas Ausbanc.

Llega septiembre y con él la vuelta a la rutina para 7,7 millones de alumnos españoles de enseñanzas no universitaria. Este curso, la inversión pública en educación, universitaria y no universitaria, alcanza los 53.947 millones de euros, lo que supone el 5,11% del PIB. Reducir el abandono escolar, potenciar el aprendizaje de idiomas y la implantación de nuevas tecnologías en las aulas, son los retos pendientes.

La financiación pública total asciende a 53.947 millones de euros, un 5,11% del PIB para todos los niveles educativos. Desde 2004 esta cantidad se ha incrementado en 16.986 millones de euros, un 46%. Así, la inversión pública en materia educativa por alumno es de más de 6.000 euros. Oscila desde los 4.600 correspondientes a la Educación Infantil hasta los 9.400 de los estudios superiores.

En cuanto a las becas y ayudas al estudio, de las que este año se beneficiarán más de 1.686.000 alumnos, el Gobierno destinará casi 1.530 millones, lo que supone un incremento del 86% desde 2004.

A este esfuerzo público hay que añadir el gasto de las familias en libros, material escolar y ropa, además de transporte y comedor en muchos casos y la matrícula en los centros privados. El gasto por alumno varía mucho entre los que acuden a la enseñanza pública, la concertada o la privada.

Retos pendientes

Reducir el abandono escolar, potenciar el aprendizaje de idiomas y la implantación de nuevas tecnologías en las aulas, son los retos pendientes. Según los últimos datos el 31,2% de los jóvenes de entre 18 y 24 años no ha completado el nivel de Educación Secundaria Post Obligatoria y no sigue estudiando. El Plan de Acción 2010-2011 en materia educativa, presentado por el ministro Ángel Gabilondo en el mes de junio, aborda esta situación a través de distintos programas, entre los que destacan el impulso de los Planes PROA (que actualmente benefician a 3.594 centros) o el establecimiento de contratos programa con aquellos centros que desarrollen iniciativas para combatir el abandono escolar.

Para fomentar el aprendizaje de idiomas, el número de auxiliares de conversación extranjeros que participarán en el próximo curso aumenta un 38% este año. Además, en el curso pasado más de 47.000 personas se beneficiaron de algún tipo de ayuda del Ministerio para mejorar su conocimiento de lenguas extranjeras.

En cuanto a la implantación de las nuevas tecnologías, aunque queda mucho para alcanzar el objetivo, el comienzo de curso refleja que el Programa Escuela 2.0 ha conseguido que actualmente haya 324.366 alumnos con ordenador portátil, 15.009 aulas digitalizadas y 73.201 profesores formados.

Los consejos de administración de Caixa Galicia y Caixanova han aprobado hoy el proyecto de fusión que incluye los estatutos de la nueva caja, así como el balance de fusión que supera los 73.000 millones en activos, según las cuentas auditadas a 30 de junio de 2010.

El consejo de administración de la nueva caja gallega estará integrado por los copresidentes Mauro Varela (Caixa Galicia) y Julio Fernández Gayoso (Caixanova); por los vicepresidentes Salvador Fernández Moreda, Guillermo Alonso Jáudenes, Alfonso Paz Andrade y Alfonso Zulueta de Haz y por otros 16 vocales.

Durante los primeros 18 meses del período transitorio Fernández Gayoso ejercerá de presidente del consejo de administración, con Varela (Caixa Galicia) de copresidente. Fernández Moreda será el vicepresidente primero; Alonso Jáudenes ocupará la segunda vicepresidencia segunda; Paz Andrade la tercera y Zulueta de Haz la cuarta. Por su parte, Gonzalo Ortiz ejercerá de secretario y Pilar Cebrián será la vicesecretaria del consejo de administración.

En los segundos 18 meses, Varela ejercerá de presidente, Fernández Gayoso de copresidente, y Alonso Jáudenes, Fernández Moreda, Zulueta de Haz y Paz Andrade de vicepresidentes primero, segundo, tercero y cuarto, respectivamente. En este segundo periodo transitorio Pilar Cebrián será la secretaria y Gonzalo Ortiz el vicesecretario del consejo de administración.

El acuerdo establece, además, la constitución de un consejo territorial de Vigo, presidido por Fernández Gayoso, y otro en A Coruña, bajo la presidencia de Varela.

Durante el período transitorio de tres años, la asamblea general estará formada por la suma de los 160 representantes actuales de Caixa Galicia y el mismo número de integrantes de Caixanova. Los estatutos incluyen los acuerdos alcanzados en el protocolo de fusión y prevén la creación de sedes operativas en Vigo y A Coruña, el establecimiento de la sede social en A Coruña y de la sede institucional y dirección efectiva de negocio en Vigo. El proyecto de fusión determina que las asambleas de la nueva caja se celebrarán en A Coruña, y que Vigo será la sede de la dirección general y el lugar habitual de reunión de los consejos de administración.

Los responsables de las cajas gallegas elevarán ahora el proyecto de fusión a sus respectivas asambleas, máximo órgano de gobierno de las cajas, que serán las que deberán refrendar el acuerdo en octubre. La nueva caja, que se denominará "Caixa de Ahorros de Galicia, Vigo, Ourense y Pontevedra", definirá más adelante su marca comercial y su imagen corporativa.

Los clientes del Banco Popular podrán acogerse a las ventajas financieras que ofrece Avalmadrid. En este sentido, destacan las Líneas Financieras Bonificadas, dotadas por la Comunidad de Madrid y gestionadas por Avalmadrid y que permiten una financiación a coste cero para promover la inversión productiva de las pymes. Podrán acceder también al Plan Impulsa Pyme para financiar el circulante y a los avales técnicos para participar en concursos públicos de la administración.

Banco Popular, que cuenta con una red de 2.000 oficinas y 600 gestores especializados en Banca de Empresas, es hoy la entidad financiera de más de 1.000.000 de autónomos y empresas en España. Sólo en los primeros siete meses de 2010 Banco Popular ha captado y reactivado 45.000 clientes de este segmento.

500 pymes podrán beneficiarse el próximo año de este acuerdo por un importe de más de 30 millones de euros, generando con ello una inversión inducida de más de 40 millones y contribuyendo a la creación y mantenimiento de más de 2.000 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid. Avalmadrid mantiene un riesgo vivo con el Banco Popular que supera los 16 millones, una cifra que ambas partes se han comprometido a elevar.