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| Gil Robles quiere cobrar 25 millones de euros a los arruinados de Afinsa |
| Afinsa - Forum |
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El papel del bufete Gil Robles, representado por José María Gil Robles y Jaime Gil Robles, vuelve a empañarse gravemente por su decisión de entablar juras de cuentas contra asociados de la Plataforma Blanca de Afectados de Afinsa de Vizcaya que decidieron, hace más de un año, cambiar de dirección letrada ante la, para ellos, inacción, laxitud o errónea defensa de sus intereses por los mencionados abogados. Es preciso recordar que el bufete Gil Robles negoció unas condiciones económicas genéricas con la jurídicamente inexistente Federación de Plataformas Blancas, que nunca fueron firmadas por cada uno de los afectados que se personaron en los procedimientos. Según los afectados, la estrategia jurídica del despacho fue totalmente pasiva desde el principio, rechazando los planteamientos de otros letrados –como, por ejemplo, los de Ausbanc– de cuestionar la clausura de las empresas y reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración. Gil Robles defendía la inviable responsabilidad civil subsidiaria del Estado en el proceso penal, como alternativa a la responsabilidad patrimonial del Estado. Este erróneo planteamiento del bufete Gil Robles ha quedado totalmente acreditado ya que, después de más de tres años de actuaciones judiciales, ni siquiera se ha imputado a ningún funcionario público. En abril de 2007, Gil Robles tuvo que cambiar de opinión ante la aceptación universal de las tesis de la responsabilidad patrimonial e interpuso dos reclamaciones: una contra la Comunidad de Madrid y otra contra el Ministerio de Sanidad y Consumo. La reclamación contra la Comunidad de Madrid fue rechazada inmediatamente por ésta y su recurso está pendiente en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
Obstrucción del bufete La reclamación ante la Audiencia Nacional tenía gravísimos problemas de acreditación y lleva más de un año subsanando dichos conflictos para la aceptación del recurso. Según fuentes que conocen el asunto de primera mano, la Audiencia ha previsto que el recurso de Gil Robles no superará todas las subsanaciones de personación hasta el verano de 2010. Esta realidad ha puesto al descubierto la falta de capacidad de un pequeño despacho para trabajar con más de 50.000 expedientes de manera solvente. Según los afectados, la errática postura del bufete Gil Robles determinó que muchos colectivos de afectados se pusieran en contacto con otros letrados para el cambio en la defensa. El nerviosismo se apoderó del bufete Gil Robles que, públicamente, ofertó que todos los que quisieran rescindir el contrato lo conseguirían pagando 150 euros. Todos aquellos que, finalmente, formalizaron el cambio, se han encontrado con el obstruccionismo del bufete Gil Robles, que en ningún caso ha devuelto la documentación ni ha informado a los solicitantes del cambio de las actuaciones realizadas en su nombre. Inexplicablemente, ahora exige 499,20 euros a afectados de Afinsa que, según ellos mismos afirman, en ningún momento se vieron defendidos adecuadamente por Gil Robles lo que causó su decisión de designar a otros abogados.
Medidas legales adecuadas Afortunadamente, estos afectados no se encuentran solos a merced del bufete Gil Robles. Las Plataformas de Afectados están adoptando las medidas necesarias para que esta nueva arbitrariedad de José María y Jaime Gil Robles no se consume y, por tanto, evitar que su bufete se enriquezca –en el conjunto de afectados, sus exigencias les reportarían unos ingresos de 25 millones de euros– cuando han sido unos abogados que han estado totalmente ajenos y distantes de los afectados y sus representantes en las Plataformas provinciales. Su única relación ha sido con una fantasmagórica Federación de Plataformas, que nunca llegó a tener personalidad jurídica, y cuyos movimientos jurídicos y económicos han sido denunciados constantemente por la inmensa mayoría de las Plataformas Blancas a las que, supuestamente, representan, y que siempre han sospechado de las verdaderas relaciones entre el bufete y los citados directivos de la Federación. En este sentido, las Plataformas de Afectados han tomado la firme determinación de destinar todos sus recursos humanos y económicos para librar esta batalla con el bufete Gil Robles y analizar con profesionales cualificados del Derecho todas las posibles acciones civiles y penales que se puedan interponer contra José María y Jaime Gil Robles por su actuación personal y profesional en el caso Afinsa. Las fuentes consultadas por esta redacción han confirmado una convicción unánime de los representantes de los afectados: o Gil Robles lleva a cabo una propuesta satisfactoria para los que cambiaron de dirección letrada o van a recibir muchos miles de reclamaciones por sus responsabilidades civiles o incluso penales en este asunto. 
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